Un proyecto de ley aprobado por el Ayuntamiento de Río de Janeiro en junio de 2023, que prohibe la venta de alimentos ultraprocesados ​​en las escuelas públicas y privadas de la ciudad puede motivar a otras ciudades de Brasil a tomar medidas similares, esperan los activistas en favor de una alimentación saludable.

Cuando el alcalde Eduardo Paes promulgó el proyecto de ley el 11 de julio, Río se convirtió en la segunda ciudad del Estado de Río de Janeiro, después de Niterói en enero de 2023, en adoptar tal medida. La ley implica que la venta de alimentos con altos niveles de azúcar y grasa, como galletas, dulces y refrescos, ya no está autorizada en los entornos escolares. Las más de 1,500 escuelas de Río tendrán 180 días para adaptarse a la ley.

Técnicamente, las escuelas públicas ya se enfrentan a una prohibición de alimentos ultraprocesados, ya que deben seguir el Programa de alimentación escolar de Brasil, que a su vez está sujeto a las Pautas alimentarias para la población brasileña del gobierno, explica Paula Johns, cofundadora y directora ejecutiva de la organización civil ACT Promoção da Saúde.

Efecto dominó 

“Es fantástico que las escuelas privadas también sean parte de los esfuerzos para proteger a las y los niños en el entorno escolar y sigan las recomendaciones de las Pautas alimentarias”, agrega Johns. “Hay otras ciudades que tienen buenas regulaciones, pero no han sido visibles. Esta iniciativa ayudará a generar un impulso que puede producir un efecto dominó, como vimos con la legislación sobre los espacios libres de humo en el pasado”.

Brazil is one of many Latin American countries that are taking the global lead in tackling ultra-processed foods by requiring labels on the front of food packages, starting with Chile in 2016. Two years later Chile saw a 26.7% decrease in high-sugar purchases, 36.7% in high-sodium purchases, and 23.8% in high-fat purchases. Such foods contribute to obesity, which is a major risk factor for noncommunicable diseases (NCDs).

Brasil es uno de los muchos países latinoamericanos que están asumiendo un liderazgo mundial en la lucha en contra los alimentos ultraprocesados ​​al exigir etiquetas en el frente de los paquetes de alimentos, práctica que primero implementó Chile en 2016. Dos años después, Chile registró una disminución del 26,7% en las compras con alto contenido de azúcar, del 36,7% en las compras con alto contenido de sodio y del 23,8% en las compras con alto contenido de grasas. Dichos alimentos contribuyen a la obesidad, que es un factor de riesgo importante para las enfermedades no transmisibles (ENT).

Tras una fuerte campaña liderada por la sociedad civil, las y los legisladores mexicanos —Senadores en 2021 y Diputados en 2023—aprobaron por unanimidad una ley para eliminar los ácidos grasos trans producidos industrialmente (AGTPi) del suministro de alimentos mexicanos. Las grasas trans, un ingrediente común en los alimentos procesados, son responsables de más de 13,000 muertes al año en ese país.

La industria de alimentos y bebidas se encuentra cada vez más concentrada en grandes multinacionales que tienen un enorme poder político, económico y social sobre los países. Por ejemplo, las 10 principales empresas de alimentos y bebidas controlan el 80% de los productos alimenticios comprados en tiendas en todo el mundo, con más de 100,000 millones de dólares en ganancias combinadas cada año. Las tres cuartas partes de estas empresas obtienen la mayor parte de sus ingresos por la venta de alimentos ultraprocesados.

En Río, las escuelas que violen la nueva ley tendrán 10 días para cumplirla, luego de lo cual enfrentarán multas de US$308 (R$1,500) por día, según informa un comunicado enviado a los medios. Además, se señaló que una investigación realizada en 200 escuelas de la ciudad encontró que los alimentos ultraprocesados ​​estaban un 126% más disponibles en los comedores que los alimentos sin ningún grado de procesamiento.

“La aprobación del proyecto de ley que prohíbe la venta de alimentos ultraprocesados ​​en las escuelas públicas y privadas de la ciudad de Río de Janeiro demuestra que el apoyo y la participación de la organización civil Umane en los frentes de incidencia y comunicación de políticas son de vital importancia para lograr nuestro objetivo social de contribuir a la un sistema de salud más eficaz y mejorando la calidad de vida de la población brasileña”, dijo Evelyn dos Santos, gerente de alianzas y nuevos proyectos de la organización sin fines de lucro Umane.