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Recapitulando la AGNU75: Un análisis

19 de octubre de 2020

Mientras las Naciones Unidas (ONU) celebraban su 75 aniversario, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) tuvo la tarea de gestionar su primera reunión virtual, mientras que COVID-19 sigue causando estragos en todo el mundo.

Este año, tras varias rondas de negociación, los Estados Miembros adoptaron la Resolusión Ómnibus COVID-19, que reconoce y destaca el papel fundamental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del sistema de las Naciones Unidas (ONU) para "agilizar y coordinar" la respuesta mundial a la COVID-19. Subrayó la necesidad de la cooperación y la solidaridad internacionales para contener y superar la pandemia mediante respuestas centradas en las personas.
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas también sirvió de punto de encuentro para que los Estados Miembros coordinaran la elaboración de intervenciones basadas en la ciencia y la evidencia para luchar contra la COVID-19 y hacer frente a los desafíos que plantean los objetivos de desarrollo actuales y futuros. Aunque este año no hubo reuniones de alto nivel dedicadas a la salud, los Estados Miembros aprovecharon esta oportunidad para abordar las amenazas y los desafíos que plantea la pandemia a las cuestiones de desarrollo.

En la carrera por una vacuna, una batalla por la equidad 

A medida que los países depositan sus esperanzas en una vacuna, la mayor tarea de las Naciones Unidas es fomentar y garantizar la equidad en la distribución.

La OMS lanzó la plataforma del acelerador de acceso a las herramientas de COVID-19 (ACT) para las pruebas, el tratamiento y la distribución de la vacuna de COVID-19. COVAX, el pilar de vacunas del Acelerador ACT, reúne la financiación de los donantes para ayudar a desarrollar y distribuir una vacuna de COVID-19. Con este esfuerzo, la OMS y las organizaciones asociadas a COVAX, como Gavi y CEPI, esperan contrarrestar los esfuerzos individuales de los países para asegurar millones de dosis. Hasta el momento, COVAX ha prometido un total de 2.000 millones de dólares estadounidenses, y la OMS estima que se necesitarán 16.000 millones de dólares estadounidenses.
 
Las vacunas que surjan de esta iniciativa se pondrán a disposición de todos los países miembros, y las dosis iniciales se limitarán a un máximo del 20% asignado a los grupos de población más vulnerables de cada uno de estos países. Si bien se desea una vacuna eficaz y es necesaria una distribución equitativa, uno de los mayores retos a los que se enfrentan tanto las instituciones como los gobiernos es la "vacilación de la vacuna".
Incluso antes de la pandemia, la OMS identificó la 'vacilación de la vacuna' como una de las 10 principales amenazas a la salud mundial y esto seguirá siendo un reto para hacer frente a la COVID-19 a medida que los gobiernos aseguren las dosis de vacuna.

Más consecuencias de la pandemia: quiebre en la atención sanitaria, pobreza y hambre

A nivel mundial, los sistemas de salud pública siguen siendo frágiles, los suministros médicos esenciales son de difícil acceso y las restricciones de movimiento están destruyendo los beneficios sanitarios y económicos que tanto han costado. En el caso de las personas que viven con enfermedades no transmisibles, los servicios de prevención y tratamiento se han visto gravemente afectados desde que comenzó la pandemia. Los quiebres en los servicios se manifiestan de diversas maneras, entre ellas el acceso limitado a los servicios de rehabilitación, el aplazamiento de los programas públicos de detección, la cancelación de los tratamientos previstos, la falta de personal debido a la reasignación y la falta de capacidad del personal sanitario. Esta situación es particularmente difícil, dada la evidencia de que las personas que viven con enfermedades no transmisibles (PLWNCD) corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades graves relacionadas con la COVID-19 y de morir.
 
La compleja relación entre COVID-19 y las ENT da lugar a una sindemia que exacerba la desigualdad y la pobreza existentes.
 
Además de los frágiles sistemas de salud, la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema, ya que millones de personas se ven empujadas a la pobreza. El Programa Mundial de Alimentos estima que el número de personas que padecen inseguridad alimentaria en los países de riesgo podría aumentar de 149 millones de personas prepandémicas a 270 millones a finales de año si no se presta asistencia inmediatamente. Las Naciones Unidas hicieron un llamamiento por 10.300 millones de dólares estadounidenses para responder a la crisis, pero aún no han alcanzado la mitad de esta cantidad. En este contexto, las Naciones Unidas y otras organizaciones están extremadamente faltas de recursos para mitigar, contener y proporcionar ayuda durante y después de la pandemia.
 
Las estimaciones recientes también sugieren que hasta 6.000 niñas y niños podrían morir cada día por causas evitables durante los próximos seis meses como resultado de las alteraciones relacionadas con la pandemia en los servicios esenciales de salud y nutrición.

Resolución Ómnibus de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre COVID-19

La Resolución Ómnibus COVID-19 fue adoptada antes de la AGNU75 después de numerosas rondas de negociación con muchos países que se desvincularon de los párrafos polémicos. La resolución fue facilitada conjuntamente por Afganistán y Croacia y fue adoptada por la asamblea con el único voto en contra de los Estados Unidos e Israel.
 
La resolución se inspiró y amplía la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la respuesta a la COVID-19 adoptada a principios de este año. En cuanto a las ENT, la resolución incluye un lenguaje sobre la cobertura universal de salud, el fortalecimiento de los sistemas de salud, la prestación de servicios para las ENT y la salud mental y la participación de las personas que viven con discapacidades. En particular, en la resolución se pide a los Estados Miembros que:
  • Utilicen la respuesta de todo el gobierno y de toda la sociedad para mantener los sistemas de salud y fortalecer la atención primaria de la salud, reconociendo la importancia de aumentar la financiación nacional y la asistencia para el desarrollo a fin de lograr la cobertura universal de la salud;
  • Garantizar la prestación ininterrumpida y segura de servicios a nivel de población e individual para las enfermedades no transmisibles y la salud mental;
  • Reforzar los esfuerzos para hacer frente a las ENT como parte de la atención de salud universal y reconocer que las personas que viven con el VIH/SIDA corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y se encuentran entre las más afectadas por la pandemia;
  • Prevenir, vigilar y abordar el impacto de la pandemia en las personas de edad para garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental;
  • Exhorta a los Estados Miembros y a otros interesados a que incluyan a las personas con discapacidad en todas las etapas de la formulación de políticas y la adopción de decisiones relacionadas con la respuesta y la recuperación de COVID-19;
  • Reconoce el importante papel de la sociedad civil, incluidas las ONG, las organizaciones de mujeres y las comunitarias dirigidas por jóvenes, así como la comunidad académica y científica y el sector privado en la respuesta a COVID-19;
  • Dar prioridad a la financiación de la respuesta a COVID y la cobertura universal y la atención primara en salud como parte de la preparación para la pandemia.