Las mujeres experimentan muchos desafíos basados en el género para acceder a la atención médica, especialmente en contextos de bajos recursos, pero hay un enfoque de incidencia que puede abarcarlos a todos: los derechos humanos.

En todo el mundo, las mujeres y las niñas que viven con enfermedades no transmisibles (ENT) experimentan desafíos específicos para acceder a la prevención, al diagnóstico temprano, al tratamiento y a la atención, particularmente en contextos de bajos recursos. Por ejemplo, hasta el 75% de las mujeres indias con diabetes en el embarazo desarrollarán niveles altos de azúcar en la sangre o diabetes tipo 2 en de los cinco años posteriores al parto. Si bien esta es una complicación bien conocida del embarazo, es posible que las mujeres afectadas en las comunidades rurales no sean identificadas debido a la escasez de trabajadores de la salud y a las desigualdades en el acceso a los servicios de salud.

Las mujeres experimentan vulnerabilidades únicas a la carga de las ENT, lo que afecta no solo su salud sino también su bienestar social y económico. A pesar de que esta carga es inherentemente política y de género, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para abordar las ENT a menudo desconocen los esfuerzos paralelos de incidencia global por parte de los grupos de derechos de las mujeres que podrían apoyar y amplificar su impacto.

El papel de la sociedad civil en la definición y protección de los derechos

Por ejemplo, las organizaciones de derechos de las mujeres desempeñan un papel fundamental en el trabajo con, por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW): expertos independientes en derechos de las mujeres que supervisan la implementación de políticas, programas y leyes por parte de los gobiernos de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Se espera que unos 189 países informen cada cuatro años sobre el grado en que han aplicado las recomendaciones de la CEDAW, e investigaciones recientes muestran que han sido muy eficaces para motivar a los gobiernos a introducir o enmendar leyes que mejoren la salud de las mujeres.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un papel fundamental en el proceso de la CEDAW, contribuyendo con informes paralelos y estudios de casos que detallan los derechos de las mujeres en cada país e informan las recomendaciones. A través de años de sensibilización, cabildeo, recopilación de pruebas y construcción de movimientos, a veces a lo largo de décadas, las OSC ayudan a crear contextos que son propicios para la acción del gobierno cuando se alcanza un punto de inflexión, ya sea a través de la indignación pública por una violación particularmente impactante de los derechos humanos, o a través del Comité coaccionando o persuadiendo a un gobierno para que actúe en su revisión.

Si bien el proceso de revisión de la CEDAW enfrenta muchos desafíos, incluida la persistente inacción del gobierno, particularmente en relación con la violencia de género, sus éxitos pueden atribuirse a la naturaleza jurídicamente vinculante de la Convención de la CEDAW y a la motivación de los gobiernos para establecer y mantener la credibilidad internacional como naciones respetuosas de los derechos.

Un enfoque de género de los derechos a la salud

La incidencia en torno a las ENT y los derechos humanos ha evolucionado en gran medida de forma independiente, pero tiene el potencial de ser altamente complementaria. Los gobiernos a menudo se resisten a la acción sobre las ENT y la CEDAW proporciona otra palanca que los grupos de la sociedad civil pueden usar. Por ejemplo, grupos liderados por la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina presentaron un informe paralelo a  la CEDAW en 2016 instándolo a recomendar que el gobierno prohíba todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco para evitar que la industria tabacalera se dirija a mujeres y niñas, lo que el Comité hizo posteriormente.

Al mismo tiempo, el impacto de las ENT a lo largo de la vida de las mujeres a menudo se pasa por alto durante las revisiones de la CEDAW, debido a la falta de participación en el proceso de las OSC centradas en la salud y la capacidad limitada para evaluar la evidencia de salud pública para 189 países.

Además, algunos de los desafíos clave para el diseño de leyes efectivas de salud de la mujer son problemas de implementación, incluida la consulta inadecuada con las mujeres; la falta de educación en torno a normas nocivas, lo que lleva a consecuencias no deseadas; la falta de cumplimiento; la falta de evaluación en términos del impacto de una ley en los resultados sanitarios y sociales; y la fragmentación de los mecanismos de gobernanza y financiación, lo que debilita la operacionalización. Todas estas son áreas en las que las y los profesionales de la salud pública están bien versados en comprender, investigar y comunicarse a través de la generación de evidencia sistemática, replicable y potencialmente generalizable.

Tres formas de avanzar hacia la igualdad de género:

A medida que las y los activistas de la igualdad de género de todos los sectores se reúnen para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, sugerimos tres formas en que las comunidades que trabajan en ENT y los derechos de las mujeres pueden colaborar para avanzar:

1. Las organizaciones centradas en la salud pueden desempeñar un papel vital en la amplificación de las voces de las mujeres afectadas por las ENT entre los grupos de derechos humanos que participan en los procesos de los órganos creados en virtud de tratados; particularmente las voces de las mujeres en situación de vulnerabilidad, como las que experimentan pobreza por su género, y las comunidades LGBTQIA+.
2. En segundo lugar, la comunidad de incidencia de las ENT puede proporcionar datos rigurosos para apoyar el monitoreo y la evaluación de la acción gubernamental sobre las ENT por parte de las coaliciones de derechos de las mujeres que contribuyen al proceso de revisión de la CEDAW.
3. Finalmente, las y los activistas de las ENT pueden proporcionar experiencia sobre la intersección de la salud y la discriminación, y asesoramiento sobre cómo la evidencia debe traducirse en políticas, programas y leyes efectivas y aceptables.

En última instancia, esa colaboración podría conducir al reconocimiento de la carga social, económica y sanitaria de las ENT que experimentan las comunidades desatendidas; a las nuevas recomendaciones específicas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; y al establecimiento de alianzas poderosas y al fortalecimiento de la capacidad mutua entre ambas comunidades. Nuestra esperanza es que esto conduzca a diseños legales y programáticos innovadores con el potencial de mejorar los resultados de salud para todas las mujeres.

Sobre las autoras:

Janani Shanthosh es Gerente de Programa del Programa de Salud y Derechos Humanos del Instituto Australiano de Derechos Humanos (AHR). También es abogada de salud global e investigadora principal con sede en el Instituto George para la Salud Global. Los intereses de investigación de Janani están en la intersección de los sistemas de salud y los derechos humanos internacionales.

Emma Feeny es Directora de Impacto y Compromiso en el Instituto George para la Salud Global, donde dirige un programa de actividades que incluye incidencia, compromiso político y liderazgo de pensamiento para ayudar a aumentar el impacto de la investigación médica y de salud del instituto.

Claudia Batz es una profesional emergente de salud pública con 5 años de experiencia en comunicaciones, promoción y políticas sobre estrategias de prevención y manejo de enfermedades no transmisibles. Es asesora de políticas e incidencia en el Instituto George para la Salud Global, trabajando en un programa de políticas, participación de las partes interesadas y liderazgo de pensamiento para aumentar el impacto de la investigación del Instituto.